Pujol manifestó desde Estrasburgo, donde preside una reunión de la Asamblea de Regiones de Europa (ARE), que si se confirmara el dictamen favorable a la Ley de Normalización Lingüística del catalán "podría consolidar una posición muy positiva en Cataluña y con repercusiones positivas para el resto del Estado".

Según dijo, la sentencia "es de gran trascendencia, que va más allá de la política de gran trascendencia institucional y respecto a lo que son las bases de convivencia".

Por su parte, tanto el portavoz de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC), Pere Esteve, como el presidente del comité de gobierno de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, recordaron que la coalición siempre había confiado en la constitucionalidad de la ley.

El portavoz de los socialistas catalanes en el Parlament, Higini Clotas, señaló que había que ser "prudente" hasta que se cofirme el pronunciamiento del alto tribunal, que, a su juicio, "ratificaría también el marco de convivencia en el que se ha aplicado la ley".

El secretario general de Esquerra Republicana (ERC), Angel Colom, comentó que su formación "no bajará la guardia" hasta conocer el texto íntegro del fallo del TC, ya que las posibles objeciones que se planteen en el mismo "podrían poner restricciones a la aplicación de la ley".

El portavoz de Iniciativa per Catalunya (IC), Roc Fuentes, aseguró que una eventul sentencia favorable "avalaría el proceso de inmersión lingüística en la enseñanza" que se ha practicado en Cataluña desde que comenzó a aplicarse la ley.

El presidente del Partido Popular (PP) de Cataluña, Aleix Vidal-Quadras, dijo que la constitucionalidad de la ley "sería una noticia tranquilizadora para la sociedad catalana en su conjunto", y recordó que su grupo discrepa sólo de su aplicación.

El fallo del Tribunal Constitucional se centrará en cuatro de los artículos de la Ley de Normalizaión Lingüística que fue aprobada por la cámara catalana en 1983 por unanimidad.

Uno de esos artículos, el 14.2, plantea la duda sobre si se podría exigir la enseñanza íntegramente en castellano tras un primer ciclo educativo donde se garantizaba el derecho a recibirla en la lengua habitual del alumno, ya sea el catalán o el castellano.