Dos de los trabajos encargados suman en total seis informes en los que Eias prácticamente se limitó a encuadernarlos, ya que se trata de documentación aportada por el propio Cabildo Insular de Gran Canaria, según pudo comprobar esta agencia.

La empresa Eiasa es una de las que figuran en la documentación hallada en el registro de la sede de Filesa realizado por el juez Marino Barbero, quien solicitó a sus respnsables que explicaran la relación que mantenian con esta empresa, respondiendo que hacían trabajos de "pequeña cuantía económica" para Time Export y Filesa.

Los esudios fueron encargados por el anterior consejero de Personal y vicepresidente de la institución, el socialista Luis Hipólito Hernández en el año 1988, cuando gobernaban en mayoría.

Ambos encargos suman en total diez millones de pesetas, de los que tan sólo han cobrado dos millones y medio, a pesar de que desde el año 1990 están firmados los decretos de pago. Según la intervención de dicha institución "no han venido a cobrar".

Los trabajos se denominan de forma similar y fueron encargados en un itervalo de tres meses. El primero aparece bajo el nombre de "Evaluación de puestos de trabajo del Cabildo de Gran Canaria". En mayo se encarga otro denominado "Análisis y diagnosis de la estructura de organización del Cabildo de Gran Canaria".

Según Luis Hipólito Hernández, los trabajos se elaboraron porque lo decidió una comisión de la Corporación y los encargaron a dicha empresa catalana "porque está especializada en trabajos de administraciones locales".

Negó conocer que esa empresa estuviese inculada a Filesa y, sobre la posibilidad de que se encargasen otros estudios, señaló que "no me acuerdo de haber contratado más trabajos".

No obstante, aportó un nuevo documento encargado a dicha empresa bajo el título "Informe sobre metodología para las transferencias de funciones y servicios a los cabildos insulares", realizado en febrero del 88. Sobre cuánto costó este dossier, que consta de dos pequeños fascículos, manifestó que no se acordaba.

Ese último análisis lo efectuó el Catedrático d Teoría del estado José Antonio González Casanova, de la Universidad de Barcelona. Los responsables de Estudis i Assesorament declinaron hacer cualquier tipo de comentario al no querer hablar con esta agencia.