La creación de la comisión parlamentaria fue aprobada con los votos a favor del Partido Popular e Izquierda Unida. El PSOE, que perdió la mayoría absoluta en Extremadura en las últimas elecciones autonómicas, se abstuvo al no aceptar los populares las condiciones que pusieron para dar su apoyo a la comisión, mientras que los diputados de Coalición Extremeña también se abstuvieron por considerar el asunto de escasa importancia.

Las presuntas irregularidades, denunciadas por los diputadospopulares Inocente Mayoral y Rodolfo Orantos, consisten en el cobro fraudulento de dietas y kilometrajes por parte del personal de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, departamento actualmente dividido en dos consejerías.

Según los documentos que obran en poder del Partido Popular, los pagos fraudulentos a costa de dietas y kilometrajes de esta consejería ascendieron a entre 1.500 y 2.000 millones de pesetas en el año 1993.

El consejero Eugenio Alvarez negó que hayan existdo irregularidades y consideró los hechos denunciados como "normales". Por su parte, el diputado popular Inocente Mayoral afirmó que no se trata de acciones que pueden tener la consideración de delitos, pero que "sí afectan a la moralidad pública".