La enmienda, aprobada por todos los grupos salvo el PP, tiene como objetivo aplicar el artículo 180 del nuevo Estatuto de Cataluña, por el que se establece que la Generalitat participará en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional en los términos que dispongan las leyes o, en su caso, el ordenamiento parlamentario.

En la actualidad, la designación de los 12 magistrados que componen este órgano se reparten entre el Congreso, que elige a cuatro, el Senado, que designa otros cuatro, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que selecciona a dos magistrados y los dos últimos, que propone el Gobierno.

La modificación acordada hoy implica que la cuota del Senado en los procesos de renovación del Constitucional será designada en función de los candidatos que previamente propongan los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.

El portavoz de Justicia de CiU en el Congreso, Jordi Jané, se congratuló de que este acuerdo porque, "teniendo en cuenta que el TC tiene que resolver muchos conflictos entre el Gobierno y las comunidades autónomas, es lógico que estas últimas puedan participar en las propuestas de selección de magistrados al Alto Tribunal".

Por su parte, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá, aseguró que se trata de "un primer paso muy importante en el proceso de descentralización del Poder Judicial en el Estado español" y añadió que "es la primera ley orgánica española que se adapta al texto del Estatuto refrendado el pasado 18 de junio por la ciudadanía de Cataluña".

El texto de la enmienda transaccional pactada dice textualmente que "los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos representados por las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara".