El documento fue consensuado en la Cámara vasca tras las quejas de los partidos que componen el Gobierno tripartito, que tacharon de "espectáculo bochornoso" las diferencias esgrimidas por Unidad Alavesa, Partido Popular e Izquierda Unida, al considerar innecesarias algunas referencias, como la llamada al Ejecutivo a que se solidarice con los amenazados.

El parlamentario socialista Rafael Huertas eñaló que las expresiones de violencia demuestran debilidad. "Antes la coacción violenta era más selectiva y esporádica en el contexto de un movimiento político, HB, que iba en ascenso, que era dueño indiscutible de la calle y que se sentía parte de todo un entramado violento con capacidad para condicionar la marcha de los acontecimientos políticos. Hoy los apoyos sociales a HB son más limitados", aseguró.

Huertas denunció que aprovechando la vulnerabilidad de los jóvenes, se les recluta a medio forma desde el denominado MLNV (Movimiento Nacional de Liberación Vasco) para moldear su conciencia, haciendo caso omiso de las leyes cívicas.