La iniciativa ha partido de Eusko Alkartasuna y Herri Batasuna y adquiere el compromiso de impulsar las iniciativas necesarias que surjan del sector para la defensa de los intereses legítimos y para garantizar el futuro del sector arrantzale vasco.

En la declaración, se exige del Gobierno que adopte las medidas necesarias para la supresión definitiva de la utilización de las redes a la deriva o volants, ante las autoridades comunitarias, y su cumplimiento por parte del Estado francés y el resto de las partes implicadas.

Asimismo, la declaración institucional insta al Gobierno vasco a que mantenga una postura activa para la defensa de los intereses de la flota vasca, concretamente, en la prohibición de las importaciones del pescado obtenido con volantas, mientras persista el incumplimiento de la normativa comunitaria; así como impulsar las medidas necesarias para el desarollo del subsector conserveo, de acuerdo con el Plan Estratégico de Pesca, aprobado por el Parlamento vasco.

Por último, se demanda el derecho a la representación de los intereses pesqueros vascos ante la Unión Europea y aprueba trasladar estos acuerdos a todas las instituciones y agentes implicados en este conflicto.

Desde el primer momento, todos los grupos parlamentarios han coincidido en la dificultad de convocar un pleno extraordinario para discutir la proposición no de ley y por eso han decidido que sea la DiputaciónPermanente, que tiene competencias para ello, la que apruebe la declaración institucionl.

Tanto Eusko Alkartasuna como Herri Batasuna han mostrado su satisfación por el acuerdo, aunque para los representantes de la coalición abertzale, el problema del sector pesquero sí tenía la importancia suficiente como para haber convocado un pleno extraordinario antes de la disolución de la Cámara.