Tanto el PNV como CiU pidieron al portavoz de Coalición Caaria, José Carlos Mauricia, que retirara su propuesta, por entender que es "inconveniente" y que contribuye a incrementar el clima de crispación política.

Ambos consideraron que se trata de una moción de censura encubierta. Xabier González de Txabarri, del PNV, aseguró en este sentido que se trata de una moción "por la puerta falsa, sin garantías, sin programa y sin candidato alternativo". "Los demócratas no hacen trampas", advirtió a la Cámara.

Por su parte. Loyola de Palacio, portavoz del PP, cnsideró que el Parlamento está ejerciendo su capacidad política de manifestar "una opinión al presidente del Gobierno sobre el ejercicio de sus potestades, que en ningún caso tiene caracter vinculante".

Pidió asimismo a González que no prolongue esta "agonía" y dé una solución a la crisis sin perder más tiempo. Reafirmó el carácter plenamente constitucional de la iniciativa y recordó al presidente que mientras estaba en la oposición reprobaba la actuación de los ministros "con espíritu positivo", el msmo que anima al PP.

Rosa Aguilar, portavoz de IU, vertió veladas sospechas sobre el hecho de que el debate sobre la propuesta de CC se haya celebrado tras las elecciones catalanas.

En una dura intervención, Aguilar, consideró probado que el presidente del Gobierno "prefiere generar confusión con tal de no reconocer la realidad: su miedo a una nueva derrota en el Parlamento. Todo vale para justificar los injustificable".

Joaquím Molins se defendió de las acusaciones vertidas por IU y PP, quevinculaban su oposición a la celebración de las elecciones catalanas, tras las cuales los grupos de la oposición consideran que Convergencia ha vuelto a prestar su apoyo al Gobierno socialista.

El portavoz de CiU argumentó que es precisamente la ruptura de relaciones entre la formación que representa y el Ejecutivo la que ha obligado a Felipe González a comprometerse a celebrar elecciones en el mes de marzo, compromiso que consideran firme y suficiente para abordar la situación política actal.

PROLOGADA CRISIS POLITICA

Por su parte, Coalición Canaria considera la "prolongada crisis política" que vive el país "con una sucesión interminable de escándalos que afectan al funcionamiento regular de las instituciones del Estado" como razón suficiente para que se convoquen elecciones generales "con caracter urgente".

Mauricio aseguró en su intervención que "el Gobierno está prácticamente en funciones desde que fueron rechazados los Presupuestos Generales del Estado", por lo que sólo una convocatori electoral podría acabar con la prolongada crisis política que vive el Ejecutivo.

El representante de CC reconoció que sólo el presidente puede disolver las Cámaras, pero insistió en que el Parlamento tiene el derecho de "recomendar" a González que use sus prerrogativas para "acabar con la situación de bloqueo" que sólo se solucionará con la elección de un nuevo Gobierno que podría elaborar unos Presupuestos para 1996.

El Gobierno ya expresó su opinión de que la aprobación de una resolución de esas características podría subvertir el espíritu de la Constitución, que asigna la capacidad de disolver las Cortes y convocar elecciones al presidente del Gobierno en persona.

Molins consideró que propuestas de esta naturaleza buscan más "el desgaste de la persona o la opción política que otras cosas y lo que acaba consiguiendo es el desgaste del propio Parlamento. No vamos a impedir que alguién se apunte un tanto ni tampoco quremos impedir el desgaste del señor Felipe González, que ya es mayorcito paa defenderse, sólo vamos a impedir el desgaste del Congreso de los Diputados".

"UNA INSENSATEZ"

Por su parte, el portavoz socialista, Jordi Solé Tura, consideró la propuesta "una insensatez" que hace de la Cámara "una simple caja de resonancia de la confrontación entre partidos" y que significa trasladar "la presión exterior" de quienes amenazan al Estado al Congreso de los diputados.

Rechazó asimismo la idea de que el Gobierno se encuentra en minoría y citó como prueba la aprobación por amplísma mayoría del Código Penal y otras leyes orgánicas el pasado día 8 de noviembre.