Diversos dirigentes de los grupos parlamentarios han señalado su deseo de que estos jóvenes regresen a la capital navarra o, al menos, sean concentrados en una prisión lo más cercana posible a Pamplona.

La semana pasada, por orden de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 8 de los 150 insumisos recluidos en Pamplona en segundo y tercer grado fueron trasladados a diversas cárceles de la geografía española.

La versión ofrecida por la dirección del centro navarropor autoridades penitenciarias de Madrid destacaba que dichos jóvenes no se habían adaptado al régimen interno de la cárcel y que en ésta se venían produciendo desórdenes y protestas.

En cambio, tanto los familiares de los ocho presos como abogados de colectivos antimilitaristas han asegurado que se trata de una sanción "ilegal", en tanto que los traslados no están previstos como un sistema de castigo en caso de problemas dentro de las prisiones, y que la medida ha sido "arbitraria y tiene carácter eemplarizante".

Posteriormente, el presidente del Gobierno navarro, Juan Cruz Alli, demandó al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, el inmediato regreso de los ocho trasladados. También el presidente del Parlamento, el socialista Javier Otano, se mostró partidario del regreso a Navarra de los insumisos, aunque matizó que existían dos versiones, la de Instituciones Penitenciarias y la de los padres de los insumisos.

FRANCISCANO INSUMISO

Por otro lado, el franciscano José Ramón Ucelay, natural de Legazpia (Guipúzcoa) y de 28 años, que fue condenado a un año de prisión menor por su negativa a realizar el servicio militar, ha remitido una carta al juzgado de San Sebastián que vio su caso en la que rechaza la remisión de su pena.

Este joven, que ejerce su labor pastoral en una parroquia de Pamplona, puede quedar en libertad condicional al caracer de antecedentes y tener una condena inferior al año y un día de prisión. Pese a ello, ha demandado, al igual que otros insumisos, su igreso en el centro penitenciario de la capital navarra.

En su escrito, indica que el hecho de que unos insumisos condenados deban ingresar en prisión y otros no, "vulnera el principio de igualdad" y es un intento de "dividir y dispersar" a quienes participan de una misma estrategia de desobediencia civil.

Durante la vista oral contra este franciscano, celebrada en la capital guipuzcoana el pasado mes de junio, su abogado aportó al juez diversos escritos de apoyo remitidos por el superior de dichaorden religiosa, así como por otras autoridades y miembros de la congregación religiosa.