La ley, que beneficiará a unas 150.000 personas de la región, prevé sanciones de hasta 50 millones de pesetas para aquellos que la incumplan.

El presidente de la federación de minusválidos de la región, Diego Manzano, dijo que "no me gusta hacer mención del apartado sancionador de la ley, pero está claro que eso ayudará a que muchas personas piensen en los demás".

Manzano hio especial hincapié en los edificios públicos, especialmente en los centros universitarios y escuelas, que en muchos casos no están adaptados y suponen "una barrera para el acceso del minusválido".