La ley, que se denominará "Estatuto Regional de la Actividad Política", incluye la posibilidad de promover desde el Parlamento las acciones civiles pertinentes para que aquellos diputados y altos cargos que sean sancionados indemnicen por los daños y perjuicios que hubieran causado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Ramón Calero, manifest hoy en la presentación de la ley que de lo que se trata es que todo el mundo conozca a aquellos que cometan una infracción, y que a su vez se devuelva el dinero defraudado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Pralamentario Socialista, Fulgencio Puche, manifestó que "la actividad pública ha de ser siempre transparente" y que "las instituciones y los políticos no han de ocultar nada a la opinión pública, no sólo de su gestión, sino también de su actividad privada".

Puche añadió que una de las dispsiciones adicionales del texto sugiere a las cajas de ahorro que aprueben un mecanismo de control para el cumplimiento de las prescripciones sobrela incompatibilidad entre los órganos de los miembros de gobierno de estas entidades.

Uno de los puntos más relevantes del Estatuto, elaborado durante cinco meses, es el carácter público que tendrán las declaraciones de actividades, bienes y patrimonio de altos cargos y diputados regionales.