De esta manera se pone fin a la incertidumbre que se mantenía sobre cientos de familias de campesinas gallegas, que podrían ser desahuiadas de las tierras que trabajan desde hace décadas y sin que dispongan de otras propiedades o medios de vida.

La nueva ley prevé también que la Xunta arbitre ayudas para facilitar que los titulares de arrendamientos históricos pueden acceder, si lo desean, a la propiedad de esas tierras por precios tasados y razonables.

Además, como excepción, los arrendatarios o aparceros que tengan cumplidos 60 años en el 2005 podrán disfrutar de cinco años más de prórroga, hasta que puedan jubilarse, en el cso de no aspirar a convertirse en propietarios.

Por otra parte, la ley prevé que en caso de expropiación forzosa de una parte de las tierras, el arrendatario tendrá derecho a una parte de la indemnización fijada.