En un comunicado, el grupo popular en el Parlamento Europeo aseguró que los eurodiputados de los principales grupos políticos respaldaron la propuesta.

Esta estrategia, que, según indicó este grupo, "busca cumplir el mandato de elaborar una política más eficaz para la gestión y prevención de catástrofes naturales en la UE", iría acompañada de un protocolo de actuación uniforme en la UE para cada tipo de catástrofe y, de esta manera, armonizar las medidas emprendidas por cada Estado miembro y garantizar una total solidaridad entre los países frente a los desastres.

Además, la cámara solicita que la estrategia ponga el acento en las regiones aisladas, escasamente pobladas, las zonas de montaña y fronterizas y las más desfavorecidas.

El informe contempla también la elaboración de una directiva europea sobre prevención de incendios y de la sequía, para cubrir "la laguna de la falta de una verdadera política comunitaria en la materia" y que estudie la creación de un Observatorio Europeo sobre la sequía y la desertificación.

Asimismo, solicita a la Comisión Europea que modifique la normativa de ayudas al desarrollo rural para volver a incorporar la posibilidad de subvencionar la construcción de cortafuegos u otras medidas que eviten los incendios y la deforestación de zonas montañosas y mediterráneas, así como que cambie su propuesta sobre la Estrategia Forestal de la UE por ignorar que los incendios son la principal fuente de deterioro y desaparición de los bosques europeos.

El documento destaca también el papel del Fondo de Solidaridad de la UE como instrumento principal para reaccionar con rapidez ante catástrofes graves, como inundaciones, incendios o sequía, pero pide una adaptación "en lo que respecta a plazos y acciones subvencionables" para sufragar ayudas en las zonas mediterráneas o en casos excepcionales "que no alcancen el nivel mínimo requerido".

Por otra parte, insiste en la necesidad de crear una "Fuerza Europea de Protección Forestal" que esté alerta en verano, cuando el riesgo de incendios es más elevado, y a la que puedan contribuir con equipamiento, medios y personal, todos los países de la UE.

Tras su aprobación en la comisión de Política regional, el informe será debatido y votado en el pleno de Estrasburgo el próximo 18 de mayo.