La nueva norma será de aplicación a todas las grandes empresas y sociedades que coticen en mercados regulados dentro de la UE, así como a las pymes que coticen en bolsa.

En cuanto a las empresas no europeas, estarán obligadas aquellas que generen un volumen de negocios neto en la UE de más de 150 millones de euros y que tengan al menos una filial o sucursal en la UE.

La Directiva será de aplicación a partir de 2024 (año financiero) para las empresas ya sujetas a la Directiva sobre divulgación de información no financiera actualmente en vigor; a partir de 2025 para las grandes empresas no sujetas en la actualidad a esta Directiva; y de 2026 para las pymes que cotizan (que tendrán un derecho de ‘opt-out’ hasta 2028), así como para las entidades de crédito pequeñas y no complejas y para las empresas de seguros cautivas.

Así, la nueva Directiva, que forma parte de la llamada Agenda para las Finanzas Sostenibles, fija nuevos requisitos de información que deberán cumplir un número muy significativo de empresas operantes en la UE.

Entre ellos, se establece una extensa lista de factores de reporte –los ámbitos que las empresas deberán abordar en sus informes– detallando la información en materia de sostenibilidad en el ámbito medioambiental (como la adaptación al cambio climático o el uso de recursos y la economía circular), el social (como medidas de igualdad, condiciones laborales o empleo e inclusión de personas con discapacidad), y la gobernanza (como los valores éticos de la empresa o los sistemas internos de control y gestión de riesgos).

Asimismo, se reconoce a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como uno de los marcos y tratados internacionales sobre derechos humanos a los que hace referencia la Directiva.

Otra aportación de esta Directiva será la obligación de certificar la información publicada por un auditor o un certificador independiente acreditado, un requisito ya existente en la legislación española.

Se incorpora, asimismo, la obligación de utilizar una serie de estándares de reporte únicos a nivel europeo, que deberán aplicar las empresas sujetas a la nueva Directiva y que cobrarán una importancia preminente en el marco del reporte corporativo de sostenibilidad. El Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) es el encargado de desarrollar dichos estándares, que se prevén adoptar formalmente en 2023.

A través de estas novedades en el régimen de reporte, queda de manifiesto la importancia del triple enfoque ambiental, social y de gobierno de la sostenibilidad (ASG). Además, se suman aspectos novedosos en el ámbito social, como la dimensión de la discapacidad (que ya venía siendo abordada en la normativa española), ahora incluida y reforzada en la Directiva europea gracias entre otros a las contribuciones del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), del Cermi y de Fundación ONCE.

A raíz de la adopción del Parlamento Europeo de hoy, la Directiva será refrendada por el Consejo en las próximas semanas dando vía libre a su publicación en el Diario oficial de la UE. Posteriormente a su publicación, y a partir de este momento, los Estados miembro tendrán 18 meses para su transposición a su legislación nacional.