La Eurocámara lamenta también que la Comisión haya cifrado el objetivo de reducción de la intensidad energética en un 1% anual, y reitera su opinión de que serí posible alcanzar reducciones del 2,5% en el consumo energético final. En este sentido, pide al Consejo Europeo que vincule la economía del conocimiento con la eficacia energética, e integre esta última en el proceso de Lisboa.

El pleno ve difícil aplicar políticas comunes destinadas a transformar el sistema energético debido a la falta de estrategias energéticas a corto y medio plazo. Otros obstáculos son la falta de información sobre las tecnologías disponibles o la desmotivación en virtud de fiscaldad.

Por ello, insta al Consejo a adoptar una legislación europea que introduzca un impuesto sobre las emisiones perjudiciales para el clima, abarcando todos los gases de efecto invernadero, y sin originar ningún incremento en los impuestos para los ciudadanos. También propone introducir un impuesto sobre la energía o sobre las emisiones de CO2.

La Cámara pide a los Estados miembros que revisen sus sistemas fiscales para incentivar la inversión en eficacia energética, como, por ejemplo, reduciend los tipos de IVA sobre el equipamiento y servicios de ahorro energético, con deducciones en el impuesto sobre la renta, o la reducción de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria de edificios con un alto nivel de eficacia energética. En este sentido, los principales edificios de las instituciones comunitarias y Estados miembros deben convertirse en modelos destacados de eficacia energética.

Respecto al cambio climático, el Parlamento propone sustituir los carburantes por combustibles fósiles más limios, y aboga por la transición gradual hacia fuentes alternativas de energía renovables y la difusión de tecnologías limpias.

Asimismo, solicita propuestas para fomentar la cogeneración de calor y electricidad, cuando ello suponga una ventaja desde el punto de vista ecológico. Esto último debería hacerse en el marco de la futura revisión de las directivas del mercado interior de la electricidad y el gas. En concreto, una enmienda aboga por garantizar un 25% de cogeneración a partir del 2015, reduciend así las emisiones anuales de CO2. Para ello, tanto la UE como los Estados miembros deben eliminar los obstáculos al desarrollo de la cogeneración.