La propuesta de resolución pide también a la Comisión y a los Gobiernos de la Unión que realicen mayores esfuerzos para que las empresas involucradas en casos de corrupción sean excluidas de los procedimientos de adjudicación pública.

Además, pide a la Comisión que integre la responsabilidad social en sus políticas comerciales, mediante disposiciones obligatorias en todos los acuerdos, de conformidad con las normas acordadas a escala internacional de responsabilidad social.

En cuando a los informes, se muestra a favor de una información integrada en materia social, medioambiental y financiera por parte de las empresas, basada en una reglamentación con un umbral mínimo para evitar costes desproporcionados para las pequeñas y medianas empresas.

El Parlamento comparte con la Comisión la idea de que las políticas de responsabilidad social deberían promoverse por derecho propio y no como sustitución de una reglamentación adecuada en otros ámbitos.

Por último, y sobre la comunicación que hizo publica la Comisión la pasada primavera, la Eurocámara considera que se hizo sin "transparencia y equilibrio en la consulta antes de su publicación". A su juicio, el concepto "ir más allá del cumplimiento" permite a algunas empresas afirmar que son socialmente responsables mientras violan legislaciones locales o internacionales.

En la resolución también se lamenta de que en dicha Comunicación no se haya tenido en cuenta la cuestión de la inversión social responsable. Y pide a la Comisión que publique un "estado anual de la RSC" oficial, elaborado por expertos e investigadores independientes que recopilen la información existente, describan las tendencias y formulen recomendaciones para acciones futuras.