El pleno decidió seguir la línea que aprobó en otro informe el pasado mes de enero sobre el seguimiento de la gestión presupuestaria de 2001, a la vista de que la Oficina de Lucha Antifraude de la UE (OLAF) no ha presentado informe alguno sobre el caso y de que las autoridades judiciales francesas mantienen abierto un sumario al respecto.

El Parlamento Europeo subraya que "en orden a la clarficación de responsabilidades por los hechos relativos a Eurostat" y ante "la presentación a las autoridades judiciales, por parte de la OLAF, de las irregularidades" en este organismo, "aconseja una actitud vigilante por si hubiere lugar a exigir responsabilidades políticas a los comisarios afectados, en función del desarrollo de los procesos judiciales en curso".

Durante su intervención en el debate del informe, el eurodiputado del PP y precursor del documento aprobado, Juan José Bayona, explicó queel caso "lamentablemente, no está cerrado sino que está en manos de las autoridades judiciales, lo que podría deparar en el futuro alguna responsabilidad política".

Además, consideró que la investigación está sirviendo de "acicate" para algunas reformas acometidas por la Comisión Europea y detectar defectos que conducirán a otros cambios para lograr una mejor gestión financiera.

El informe aprobado hoy subraya que el caso "pone de manifiesto la necesidad de revisar las relaciones entre los comisaios individuales y el colegio de comisarios", así como el funcionamiento "de la cadena de responsabilidades para mejorar la gestión interna de la Comisión Europea".

Asimismo, considera que "hay que evitar" que haya "ocultación de información crítica" y "dejar claro" que cada comisario es responsable de sus servicios aunque no disponga de la información, tal como asegura el propio Solbes que ocurrió durante el periodo en el que la oficina estaba bajo su responsabilidad.

Finalmente, recomienda que l nuevo Ejecutivo, que deberá formar el próximo mes de septiembre el que sea designado sucesor del actual presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, "debe separar las carteras de presupuesto y de control presupuestario y lucha contra el fraude", que ahora acumula la alemana Michaele Schreyer, "para evitar futuros conflictos".