Estos códigos de conducta incluirían las directries que marca la OCDE para las multinacionales, así como la obligación de cumplir la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Roma sobre medio ambiente.

Sin embargo, la comisión parlamentaria advierte que estos códigos no deben sustituir ni limitar la responsabilidad de los gobiernos en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores.