Las enmiendas aprobadas por la Cámara sólo exceptúan de la obligación de someterse a evaluaciones de impacto a aquellos planes o proyctos vinculados a la defensa nacional y a la emergencia civil, así como a la industria de extracción.

La directiva actual data de 1985 y limita este tipo de estudios a aquellas actividades que tienen una repercusión negativa directiva sobre el medio ambiente.