El "Informe Rothley" solicita la ampliación de las posibilidades de participación del Parlamento Europeo en los procedimientos judiciales, el reforzamiento del Tribunal de Primera Instancia y el desarrollo de un sistema de protección jurídica en favor de los individuos en los casos en que los estados miembros actúen de forma contraria al Tratado de la Unión.

La comisión parlamentaria encargada de elaborar las propuestas de refoma institucional considera que a lo largo de todos estos años el Tribunal de Justicia de la CE se ha acreditado como un auténtico Tribunal Constitucional en relación con diferentes tipos de decisiones.

El documento mantiene que la jurisprudencia creada por el Alto Tribunal europeo ha sido de gran importancia para fijar principios tan fundamentales para la Comunidad como el de la primacía del derecho comunitario o la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos comunitarios.

La amplición de los casos en que el Parlamento Europeo puede acudir al Tribuanl de Justicia supondrá, fundamentalmente, que la Cámara comunitaria disfrutará de los mismos derechos que las demás instituciones europeas en procedimientos prejudiciales.

Asimismo, permitirá al Parlamento Europeo la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Justicia acuerdos entre estados miembros relativos a temas como política exterior o los asuntos judiciales e internos que estén en contradicción con los tratados comunitarios. El "Informe Rothley" propone también que sean el Parlamento Europeo y los Consejos quienes designen a los miembros del Tribunal de Justicia Europeo, según un procedimeitno unificado y por un período único de nueve años.