EL PARLAMENTO EUROPEO DEJA EN MANOS DE LOS ESTADOS LA DECISIÓN DE PERMITIR LA PRESENCIA DE POLICÍAS ARMADOS EN VUELOS CIVILES
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El Parlamento Europeo aprobó hoy un nuevo reglamento cuyo objetivo es garantizar un alto nivel de seguridad para la aviación civil en toda la Unión Europea, que deja en manos de cada Estado la decisión de permitir o no la presencia de policías armados durante los vuelos.
Los países que opten por permitir la presencia de agentes armados en los vuelos tendrán que asegurarse de que están "especialmente seleccionados y entrenados".
El reglamento aprobado ahora se fraguó tras un acuerdo, en tercera lectura, entre el Parlamento Europeo y el Consejo, que se alcanzó a principios de enero. Los países miembros de la UE tendrán dos años para aplicarlo.
El acuerdo introduce, además, normas comunes en los controles de acceso, el equipaje de mano y los controles de pasajeros. Determina que no se podrán llevar armas a bordo, salvo las transportadas en la bodega, "a menos que se hayan cumplido los requisitos de seguridad estipulados en las normas nacionales y los Estados interesados lo hayan autorizado".
El italiano Paolo Costa, ponente parlamentario y presidente de la comisión de Transportes, se mostró convencido de que el compromiso ayudará a encontrar un equilibrio entre las medidas de seguridad y los derechos de los pasajeros.
"CONTROL DEMOCRÁTICO"
Costa recalcó que el nuevo reglamento "nos permitirá reaccionar con más flexibilidad" y dijo que "los controles deben ser estrictos y eficientes, pero no pueden causar inconvenientes excesivos a los pasajeros". Asimismo, destacó que la aplicación de las medidas de seguridad "no debe originar costes inútiles" y pidió un "control democrático" de las nuevas normas.
El Parlamento Europeo aprobó el reglamento por 583 votos a favor, 21 en contra y 35 abstenciones. Por primera vez, una normativa europea introduce medidas de seguridad durante el vuelo, como el acceso a la cabina de la tripulación, los pasajeros problemáticos y la presencia de agentes de seguridad.
El reglamento permite a los países miembros aplicar normas más estrictas que las básicas. Sin embargo, dichas medidas tendrán que ser "pertinentes, objetivas, no discriminatorias y proporcionales al riesgo que se plantee".
Del mismo modo, cada país podrá determinar en qué medida los costes de estas normas de seguridad deberán ser sufragados por el Estado, las entidades aeroportuarias, las compañías aéreas, otros servicios responsables o los usuarios.
Además, la Comisión presentará antes del 31 de diciembre de 2008 un informe sobre los principios de financiación de las medidas de seguridad para la aviación civil.
(SERVIMEDIA)
11 Mar 2008
CAA