Según ha comunicado el PE, los diputados "han expresado su inquietud sobre la violencia doméstica", y piden que el maltrato a las mujeres se considere una violación de los derechos humanos.

El Pleno pide que los Estados miembros de la UE designen ponentes encargados de recoger, intercambiar y procesar la información, así como los datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres. Estos datos deberán ir acompañados de información sobre los niños que crecen en entornos violentos.

Al respecto, solicitan a los Estados que "consoliden un sistema único de registro de los casos de malos tratos común a todas las autoridades competentes, como las autoridades judiciales y policiales, los hospitales y los servicios sociales, para garantizar un modo común de inscripción de los datos y una mayor posibilidad de utilizarlos".

El PE insta a los Estados a incorporar diversas medidas en sus legislaciones nacionales, como el hecho de reconocer la violencia sexual dentro del matrimonio como un delito y penalizar la violación dentro del matrimonio, así como garantizar indemnizaciones a las víctimas instaurando "una renta mínima para las mujeres que carezcan de ingresos".

Además, exigen que no se acepte "la referencia a prácticas culturales como circunstancia atenuante en casos de violencia contra mujeres, crímenes de honor y mutilaciones genitales", y consideran que la intoxicación etílica tampoco debe ser circunstancia atenuante.

El documento señala la necesidad de desarrollar programas y estudios dirigidos a las mujeres que pertenecen a minorías étnicas, para intentar "describir las formas particulares de violencia que afrontan dichas mujeres y diseñar los medios adecuados para atajarlas".

El Pleno también presta una especial atención a los niños, y pide a los Estados miembros que "consideren el riesgo que supone la custodia compartida con el autor de la violencia y establezcan medidas efectivas que garanticen la seguridad de la custodia en casos de separación y divorcio".

En el informe se recuerda que "la violencia contra las mujeres puede afectar a mujeres de todas las edades, al margen de su educación, sus ingresos o su posición social; que estudios realizados a gran escala en Suecia, Alemania y Finlandia sobre la extensión de este fenómeno ponen de manifiesto que como mínimo el 30-35 % de las mujeres con edades comprendidas entre 16 y 67 años han sido en alguna ocasión víctimas de violencia física o sexual, y que, si se incluye la violencia psicológica, la cifra se eleva al 45-50 %."

Por ello, el PE reclama a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para asegurar una protección y un apoyo mejores a las víctimas, "proporcionando una protección cualificada y servicios jurídicos, médicos, sociales y psicológicos, y ayuda, incluyendo protección policial".

Respecto a la mutilación genital femenina, el PE insta a los Estados a tipificar este acto como ilegal, con independencia de dónde o en qué país se lleve a cabo dicho acto, contra ciudadanas de la UE o mujeres residentes en su territorio.

Además, "pide que los médicos que practiquen la mutilación genital femenina de mujeres jóvenes y de niñas no sólo sean procesados sino que, además, sean privados de la licencia para ejercer la profesión".

En cualquier caso, los padres siempre serán considerados jurídicamente responsables en caso de que la mutilación genital se practique a menores.