Según la senadora de UPN Amelia Salanueva, encargada de defender la iniciativa del PP, se trata de una medida práctica que conseguirá que las empresas "se pongan las pilas" a la hora de la conciliación, porque no tiene ninguna duda de que los usuarios preferirán siempre contratar sus bienes y servicios con aquellas entidades que garanticen más derechos sociales.

Según Salanueva, el objeto de la etiqueta es "crear una cultura de la conciliación en la empresa y que las empresas, por decirlo en términos coloquiales, se piquen y mejoren las condiciones de conciliación para obtener los certificados".

Para Salanueva, la proposición no de ley contiene una medida de "política de realidad" y no es una propuesta vacía o inaplicable. Así, criticó el voto en contra de partidos como el PSOE y el PNV, que se unieron, y ello pese a la postura favorable que pareció manifestar en un principio el Grupo Vasco.

La senadora Salanueva parte de la concepción de que "la conciliación no es un problema de la mujer, sino de la persona, ya que nadie tiene que verse obligado a elegir entre tener un trabajo y ocuparse de su familia".