El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, justificó la urgencia de la medida en el aumento del déficit en el último año y a principios de enero de 2006, mes en el que ascendió a unos 600 millones. Asimismo insistió en que se trata de una regulación transitoria, hasta que se desarrollen los contratos bilaterales a largo plazo entre compañías generadoras y distribuidoras.

Montilla dijo que su finalidad es la defensa de los intereses de los consumidores y destacó que a los dos días de ponerse en marcha los cambios en el mercado mayorista, a principios de marzo, los precios de la electricidad bajaron un 15% sin que hubiera apenas variaciones en el coste de la materia prima.

El real decreto ley consta de dos partes. En la primera, se sacan del mercado mayorista las transacciones de energía entre generadoras y distribuidoras de un mismo grupo, para evitar la elevación artificial de precios.

Y en la segunda, se impide a las compañías que contabilicen como costes los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente.

El Popular fue el único grupo que votó en contra. Su portavoz, Vicente Martínez Pujalte, argumentó que la medida crea "incertidumbre regulatoria" y que da pie a la presunción de "amiguismo y favoritismo".

DÉFICIT

El portavoz del PP acusó al ministro en estos términos: "Señor Montilla, usted se refugia en el déficit de tarifa; aquí el único déficit que existe, el único déficit que tiene España es su gestión, la gestión del señor Montilla".

Martínez Pujalte criticó que, tanto esta norma como el real decreto ley que amplía las funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE), están "elaborados de forma chapucera, son un descrédito para nuestro país y acaban con la solvencia de nuestro sector eléctrico".

Sin embargo, ofreció la colaboración del Grupo Popular para "seguir avanzando en las reformas, negociándolas". En ese momento, Martínez Pujalte fue instado por el presidente de la Cámara, Manuel Marín, para terminar con su intervención, dado que había superado ampliamente su tiempo, lo que provocó una reacción airada del portavoz popular, que abandonó la tribuna visiblemente enfadado.

El resto de los grupos mostraron su apoyo al real decreto ley por la necesidad de acabar con el déficit de tarifa, aunque con matices, especialmente el Grupo Vasco, cuyo portavoz, Pedro Azpiazu, pidió que se tramitara como proyecto de ley.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Arantxa Mendizábal, criticó la actitud del PP de hablar "de intenciones, en ningún caso de argumentos" y de utilizar "medias palabras", lo que conduce, en su opinión, a la "retórica de 'a lo mejor'".