Del total de empresas asentadas en Andalucía, el 95 por ciento son pequeñas o medianas, mientras que sólo 70 centros de producción en la comunidad autónoma poseen más de 500 trabajadores.

La proposición no de Ley, caso de ser aprobada, se traduciría en un plan orientado a la mejora económica del sector, mediante la introducción de nuevas tecnologías que aumenten la calidad de los productos y su competitividad en el mercado comunitario.

La Administración pública andaluza crearía caales de comercialización de exportación en el ámbito comunitario, fomentando al mismo tiempo el asociacionismo empresarial.

IU-CA fundamenta esta proposición no de ley en la necesidad de fortalecer a este tipo de empresas, cuyo capital e inversiones se asientan mayoritariamente en Andalucía. El citado grupo político afirma que gran parte de las 70 grandes empresas de la región pertenecen a multinacionales o a sociedades públicas que tienen fuera de Andalucía sus centros de decisión.

Para la finaniación del plan, la proposición no de ley prevé que las cajas de ahorro andaluza habiliten líneas de créditos blandos destinados a financiar la evolución tecnológica de las pequeñas y medianas empresas.