La ley establece que los comercios podrán desarrollar su actividad durante los días laborables de la semana, hasta un máximo de 72 horas, y que los domingos y días festivos en que los comercios podrán estar abirtos al público serán como máximo 8 al año con un máximo de 12 horas.

El proyecto contempla la plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público en los establecimientos de pastelería y respostería, pan y platos preparados, prensa, combustible y carburantes y floristería, así como los situados en puntos fronterizos.

Además, contempla una serie de sanciones que van desde las 100.000 pesetas para las infracciones leves, hasta los 100 millones para las muy graves.

Todos los ortavoces de todos los grupos de la oposición coincidieron en anunciar que modificarán el proyecto aprobado hoy en la quinta legislatura, a partir de las próximas elecciones generales, por considerar que es una "mala ley". Si bien, todos coincidieron en justificar su voto a favor por responsabilidad y sentido común.

El portavoz andalucista, Antonio Moreno, presidente del Partido Andalucista (PA), aseguró que la ley aprobado es un instrumento "no óptimo, pero, al menos, necesario para garantizar la cometencia leal en un sector amenazado por la presión atroz de las multinacionales".

Por su parte, el portavoz de IU, Rafael Rodríguez, justificó el voto favorable de su grupo al asegurar que "por encima de todo está los intereses generales de los andaluces". A su juicio, el voto de juicio es de "responsabilidad", ya que, según dijo, la ley presentada por el Gobierno regional presentan "deficiencias que deben ser mejoradas en la próxima legislatura".

Salvador Fuentes, portavoz del PP, señaló, por suparte, que "está es una mala ley ante la irresponsabilidad del Gobierno andaluz que ha pretendido hacer del Gobierno un instrumento electoral. En su opinión, la Ley del Comercio es "incompleta y muy mejorable".

El portavoz socialista, José Manuel Martínez, respondío al PP que "la ley no es mala, ni incompleta, ni mafiestamente mejorable como creen los grupos de la oposición". A su juicio, la ley representa un marco legislativo adecuado para conseguir un sector comercial moderno y rentable. El comercioen Andalucía representa el 12% el PIB de la comunidad autónoma.