La proposición de ley, firmada por todos los grupos parlamentarios del Senado, pretende una modificación puntual para que el diputado o senador contra el que se formule una querella o una denuncia pueda declarar en el juzgado de instrucción en el que se presenta la misma como cualquier otro ciudadano".

Con la nueva ley se renuncia a la prerrogativa que tenían los parlamentarios, que podrán así declarar ante el juzgado de instrucción, personarse a través del procurador de los tribunales desde el momento en el que se formule la querella o denuncia y estar asistidos de letrado desde ese mismo momento, pudiendo proponer prueas y testimonios que refuten o acrediten las tesis que quieran mantener.

Con la toma en consideración de la proposición de ley, el Senado utiliza su capacidad de iniciativa legislativa, poniendo en marcha un trámite que deberá pasar ahora todo el proceso parlamentario habitual, primero por el Congreso y después de nuevo por la Cámara Alta.