El diputado José Manuel Castedo destacó la irregular distribución tarifaria que presenta nuestro país, ya que mientras que en Barcelona el coste medio del agua es de 139 pesetas por metro cúbico, en Madrid es de 128, en Sevilla de 62 y en La Coruña de 48.

A su juicio, para financiar la inversión que requiere adecuar a la lgislación comunitaria los sistemas de depuración de los municipios españoles es necesario incrementar el precio del agua.

Para Castedo, el coste verdadero del ciclo del agua completo en España podría ser de 160 pesetas por metro cúbico, de las cuales 25 pesetas corresponden a la recolección de las residuales y 40 a la financiación de las nuevas inversiones.

Respecto a la gestión del agua, el diputado socialista señaló que "los pocos ejemplos de empresas privadas que gestionan el agua en España relejan, en general, mejor los verdaderos precios del servicio, y esto se traduce en tarifas medias correspondientemente más altas".

UN RECURSO BARATO

También el senador Esteve Tomás i Torrens considera que este recurso es ofrecido a los usuarios a un precio "muy inferior a su coste".

"Normalmente", dijo, "en el proceso de gestión del agua coinciden operadores privados y públicos. Normalmente, los operadores privados cargan sus costes íntegros, más beneficios, al producto vendido, mientras que lo operadores públicos aplican precios políticos".

Tomás i Torrens propone como coste medio 186,34 pesetas por metro cúbico, de las cuales 16,52 corresponderían a costes concesionales más obras de captación, 8,96 a potabilización, 11,16 a distribución en alta, 94,34 a distribución domiciliaria, 18,72 a alcantarillado y 29,56 a saneamiento.

Por su parte, el diputado Jenaro García-Arreciado defendió "la igualdad precio-coste", a pesar de la impopularidad que en su opinión acarrearía esta medida.

García-Arreciado cree que la tarifa media debe oscilar entre las 125 y las 150 pesetas por metro cúbico, ya que ello supondría "atender el coste real".

En relación con la gestión, indicó que es posible constituir empresas de ámbito comarcal o regional que exploten las plantas pequeñas o medianas que no puedan ser atendidas por los municipios, percibiendo de éstos un canon por la prestación del servicio.