El Gobierno estadounidense ya ha anunciado que no ratificará el estatuto de la Corte Penal Internacional e incluso está preparando una ley y acuerdos bilaterales para evitar que ciudadanos norteamericanos puedan ser encausados por ella.

La propuesta de que la Conferencia que se celebra en la Cámaa Alta emita esta resolución partió del diputado belga Joseph Cuvier y, según informaron fuentes del Senado, será aprobada mañana por los más de 120 parlamentarios europeos e iberoamericanos que participan en ella.

La inauguración de la Conferencia corrió a cargo del vicepresidente primero del Senado, Alfredo Prada, en compañía de José María Michavila, secretario de Estado de Justicia.

Prada calificó la entrada en vigor el próximo 1 de julio del Estatuto de la Corte Penal como un "paso trascendenal para la defensa de los derechos humanos y la persecución de los crímenes más graves". A su juicio, es la "primera piedra en la globalización jurídica".

En una de las ponencias, el embajador de España en misión especial para la Corte Penal Internacional, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, manifestó que la eficacia del nuevo tribunal dependerá del respaldo que le dispensen los países para que sea "virtualmente universal", lamentando que sólo un tercio de la comunidad internacional haya ratificado el Estatuo.

Aunque actualmente hay 69 países que han ratificado el Estatuto -60 son los necesarios para su entrada en vigor- el embajador consideró que todavía no se ha alcanzado el "respaldo óptimo". Manifestó su deseo de que sean al menos 90 los estados que hayan ratificado el Estatuto de cara a la elección de los magistrados de la CPI en la primavera de 2003.