Para ello, la ley determina, entre otras medidas, la obligatoriedad de los consistorios de prever suelos donde se admitan los usos de carácter religioso y también una licencia municipal de apertura y uso de los centros de culto.

Con esta normativa, que afectará a todas las confesiones religiosas, el Gobierno pretende acabar con el vacío legal existente hasta ahora y que había provocado una disparidad normativa al momento de conceder las licencias.

El texto normativo estipula la obligatoriedad de que los planes de ordenación urbanística municipal prevean suelos con la calificación de sistema de equipamiento comunitario donde se admitan los usos de carácter religioso de nueva implantación.

Esta previsión, detalla la ley, se tendrá que hacer de acuerdo con las necesidades y las disponibilidades del municipio.

La ley también regula que las administraciones garantizarán un trato igualitario y no discriminatorio en las cesiones y autorizaciones para actividades esporádicas de uso religioso de equipamientos o espacios públicos o en la ocupación de la vía pública.

El Gobierno catalán pretende acabar así con el vacío legal existente hasta ahora sobre estos centros y que "había provocado disparidad" de criterios entre las instituciones municipales en el momento de conceder las licencias.