El consejero de Economía, Antoni Castells, fue el encargado de presentar el texto legislativo que, según él, es "doblemente importante", por lo que representa de "profundización del autogobierno y porque crea un instrumento adecuado para ejercer plenamente la competencia de la Generalitat en materia de promoción y defensa de la competencia, ampliada por el Estatuto de 2006".

El principal objetivo de la ley es unificar la Dirección General de Defensa de la Competencia y el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia en un solo organismo autónomo administrativo, y por ello se creará la Autoridad Catalana de la Competencia.

El objetivo de este organismo será contribuir a garantizar el correcto funcionamiento competitivo de los mercados y ejercer las funciones relativas a la defensa de la competencia atribuidas a la Generalitat. La Autoridad deberá presentar anualmente una memoria al Parlamento, donde también expondrá sus objetivos y proyectos.