El presidente de la Cumbre del Clima de París (COP21, Laurent Fabius, presidió esta tarde una breve sesión plenaria que concluyó a las 19.26 horas, momento en el que dio luz verde a un texto que estará abierto a la firma a partir del próximo 22 de abril, en el marco de una ceremonia de alto nivel que convocará el secretario general de al ONU, Ban Ki-moon, y sustituirá al Protocolo de Kioto en 2020.

El documento ya ha sido traducido a los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). Abarca 40 páginas en español, de las que las 22 primeras corresponden al ‘Proyecto de decisión’, que ayuda a interpretarlo, y las 18 siguientes, al ‘Acuerdo de París’ propiamente dicho.

Los países admiten que “el cambio climático es un problema común de la humanidad” y es necesaria “una respuesta progresiva y eficaz” sobre la base de los mejores conocimientos científicos, por lo que se comprometen a adoptar medidas para combatirlo respetando sus obligaciones relativas a “los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables, y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional”.

El objetivo a largo plazo es que el aumento de la temperatura media global esté “muy por debajo de 2ºC” respecto a la era preindustrial, con una mención a “proseguir los esfuerzos” para que limitar ese incremento en 1,5ºC, lo que “reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático” con medidas para combatirlo, siempre que ello “no comprometa la producción de alimentos”.

CONTRIBUCIONES NACIONALES

Los Estados se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero lleguen a su punto máximo “lo antes posible”, aunque teniendo en cuenta que los países en desarrollo “tardarán más en lograrlo”, para a partir de entonces reducir “rápidamente” esas emisiones y llegar “en la segunda mitad del siglo” a un equilibrio entre los gases contaminantes y la absorción de CO2 causados por el ser humano.

Para ello, los países tienen que elaborar planes climáticos (“contribuciones determinadas a nivel nacional”). Los desarrollados están llamados a encabezar los esfuerzos en la reducción de emisiones de gases contaminantes y a los países en desarrollo se les alienta a que lo hagan “con el tiempo. En 2018 habrá una evaluación de cuál será la situación en ese momento y en 2020 habrá una actualización de esos compromisos nacionales.

El carácter jurídicamente vinculante del Acuerdo de París está en que las 196 partes tendrán que “rendir cuentas” de sus contribuciones con transparencia, para evitar contabilidades diferentes.

El acuerdo tiene en cuenta las “responsabilidades comunes pero diferencidas y las capacidades específicas” de los países, por lo que los Estados industrializados deben movilizar un mínimo de 100.000 millones de dólares (cerca de 91.000 millones de euros) cada año a partir de 2020, objetivo que será revisado al alza a partir de 2025.

Además, crea un mecanismo de pérdidas y daños relacionado con las repercusiones del cambio climático, otro de fomento de la capacidad y otro de fomento de la transparencia, así como un grupo de trabajo especial del Acuerdo de París.