El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) compareció en la Comisión de Educación, a petición de PSOE e IU, para explicar las iniciativas que proyecta emprender el Ejecutivo tras descubrirse la particiación irregular de deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos de Sydney.

Gómez-Angulo explicó que el Gobierno estudia un plan de preparación específica para deportistas paralímpicos de élite, lo que confió en que redundará en una mejora en las posiciones en el medallero internacional.

En el terreno de formación, el Gobierno pretende reforzar las facilidades de acceso de los deportistas paralímpicos de alto nivel a los estudios de grado medio, universitario y de posgrado, para que se produzc "una perfecta integración entre sus carreras deportivas y académicas".

Otra medida a la que se refirió Gómez-Angulo es la del fomento de la media y baja competición del deporte paralímpico, mediante el impulso a la creación de clubes y actividades deportivas en el ámbito de la discapacidad.

El Gobierno también organizará seminarios y encuentros con países latinoamericanos, para compartir experiencias sobre el desarrollo del deporte para discapacitados.

"INDIGNANTE"

En su intervención parlmentaria, el máximo responsable del deporte lamentó que las irregularidades cometidas por la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI) en la selección de deportistas para Sydney haya "manchado" al colectivo paralímpico español.

No obstante, recordó que es un escándalo que también ha salpicado a otros países a través de la federación internacional de discapacitados, cuyo presidente era el mismo de la española, Fernando Martín Vicente.

A éste y sus colaboradores, Gómz-Angulo atribuyó el origen de las anomalías, ya que, según se ha constatado, fijaron unos baremos de medición de la discapacidad "saltándose" los cánones que establecen las autoridades sanitarias.

Aseguró que pese a que el Comité Paralímpico goza de absoluta autonomía en la selección de los deportistas, el Consejo Superior de Deportes tuvo una respuesta "rápida" y "contundente" en cuanto uno de los integrantes de la expedición española de discapacitados en Sydney denunció las irregularidades.

A u juicio, esto ha quedado de manifiesto con las medidas tomadas, como la auditoría a la FEDDI que ayer comenzó la Intervención General del Estado, la orden de devolución de las medallas fraudulentas o la congelación de las subvenciones a la propia FEDDI en tanto en cuanto no se depuren todas las responsabilidades.

Para Gómez-Angulo, estas iniciativas, más las que se extraigan de la vía judicial emprendida contra Martín Vicente y su equipo, dejarán en su lugar correcto el buen nombre del deporte paralípico español. Por encima de todo, enfatizó que sólo una de las cinco federaciones deportivas de discapacitados existentes se ha visto envuelta en el escándalo de Sydney.

RESPONSABILIDAD POLITICA

Por parte de la oposición, Carme Chacón, del PSOE, se dio por satisfecha con las medidas tomadas tras saltar la polémica, pero juzgó "débil" la actitud inicial del Gobierno, al no pedir con celeridad la comparecencia en el Parlamento para dar las debidas explicaciones.

Marisa Castro, de IU, también coinidió en señalar como idóneas las medidas adoptadas, pero se preguntó cómo el Gobierno no se ha dado cuenta de los tejemanejes de Martín Vicente, a la vista de la relación que mantiene el Ejecutivo desde hace años con la organización ANDE, presidida por Martín Vicente.

Castro pidió a la Administración que vigile para que no vuelva a repetirse un caso similar, "porque los deportistas discapacitados no se merecen que personas como Martín Vicente se carguen sus sacrificios y esfuerzos personales".

Enrepresentación de CiU, Jordi Martí, se felicitó de que el Ejecutivo haya sabido "cortar de raíz" un escándalo que "ha conmocionado a la sociedad española", pero también se interrogó por las circunstancias que han llevado a que el Ejecutivo no se entere de las irregularidades perpetradas por Martín Vicente desde el "imperio" que se montó.

Por el PP, Francisco González, subrayó que el CSD no tiene ninguna culpa de lo sucedido por unas anomalías que también han tocado a otros 16 países.

El diputado opular remarcó que igual responsabilidad que Martín Vicente y sus colaboradores han tenido los deportistas que se prestaron a acudir a los Juegos como discapacitados de manera fraudulenta.