Los parados, que hasta ahora podían rechazar hasta dos ofertas de trabajo, tendrán también que aceptar cualquier empleo acorde con sus aptitudes físicas y formativas, aunque no corresponda con su profesión habitual.

El decreto, que el Gobierno pretende aprobar posteriormente en las Cortes como proyecto de ley, no afectará a los derechos de los trabajadores con contratos actualmente en vigor, sino a los que se realicen a partir de la publicación de esta norma en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva regulación rebaja en un 10 por ciento la cuantía del seguro de paro y recorta su duración, que pasará de la mitad a un tercio del tiempo que se haya cotizado, contando a partir de un mínimo de un año de empleo previo

En consecuencia, un año de empleo dará derecho a cuatro meses de paro y para acceder a la prestación máxima, que se mantiene en veinticuatro meses, serán necesarios 6 años de trabajo, y no los cuatro de ahora.

Durante los seis primeros meses de la prestación, la cuantía del seguro será equivalente al 70 por ciento del salario dejado de percibir, frente al 80 por ciento actual, y en los dieciocho restantes bajará al 60 por cien.

Los parados que no tengan derecho a prestación contributiva, po no haber trabajadado durante un año, podrán acceder al subsidio de empleo, cuya cuantía es del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, 42.210 pesetas en 1991.

La duración máxima de este subsidio será de medio año, salvo para aquellos parados con cargas familiares, que lo recibirán durante 21 meses y por una cuantía que puede llegar al 125 por cien del SMI.

Por otra parte, el decreto modifica el sistema de ayudas a la contratación, cambiando la mayor parte de las bonifiaciones de la Seguridad Social por subvenciones directas a las empresas.

La contratación de desempleados menores de 25 años sin experiencia laboral o de parados de hasta 29 que sólo hayan tenido un empleo de tres meses como máximo llevará aparejada una subvención de 400.000 pesetas.

Ese importe se elevará hasta 500.000 pesetas en el caso de las mujeres y de los parados de larga duración mayores de 45 año, y a 550.000 para los contratos en prácticas y para la formación.

Otro aspecto del decreo es la supresión del cobro del seguro de paro de una sola vez, salvo que se vaya a aportar a una cooperativa o sociedad anónima laboral, medida que el Ejecutivo justifica por las "irregularidades" que se estaban produciendo.

EL DESEQUILIBRIO DEL INEM

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, explicó que esta reforma no implicará una reducción del gasto en prestaciones de desempleo, pero insistió en que es necesaria para evitar nuevas desviaiones en los presupuestos del INEM.

El ministro señaló que este decreto será negociado con la patronal y los sindicatos después de que el ministro de Economía, Carlos Solchaga, presente el martes de la semana que viene el Plan de Convergencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Según Martínez Noval, el objetivo de la reforma es recuperar el ritmo de creación de empleo y estimular a los parados a que busquen trabajo con más ahinco.

A su juicio, la elevación de la duración mínima de los contatos temporales de fomento del empleo de seis a doce meses no producirá "rigideces" en el mercado laboral, porque aún quedarán otras modalidades de contratación de tiempo inferior, como las de prácticas y para la formación.

El ministro expresó su confianza en convencer a los sindicatos de la bondad de este decreto, pero recalcó que el Gobierno sólo se ha comprometido a "discutir" y "presentar" el plan de convergencia, pero no a negociarlo.

Martínez Noval también dijo que no considera cerrada la rforma de las modalidades de contratación y que está dispuesto a reformar los contratos en prácticas, para la formación, de relevo y para el lanzamiento de nueva actividad.

Según el ministro, el Gobierno estima que la supresión de gran parte de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social supondrá un ahorro de 100.000 millones de pesetas anuales, que será destinado a potenciar la formación profesional en las empresas.

Por contra, otra de las medidas del decreto de reforma de la proteccin por desempleo es la supresión de las becas por asistencia a cursos de formación ocupacional, que suponían unos ingresos de unas 12.000 pesetas mensuales.

Las becas se mantienen sólo para los alumnos que participen en programas públicos de formación en las escuelas taller y casa de oficios y para el colectivo de trabajadores agrarios.