Esta es una de las medidas apuntadas en el texto del pacto de competitividad, remitido esta tarde por el Gobierno a la Cámara Baja, para su posterior debate y aprobación en la Comisión Mixta Congreso-Senado.

El pacto no será debatido formalmente en la Comisión Mixta hasta la semana próxima, pero hasta entonces el Grupo Parlamentario del PSOE irá avanzando en su discusión con los restantes grupos del Congreso.

Al parecer, la intención del Gobierno era hacer o mismo con los sindicatos UGT y CCOO, pero las centrales hicieron público esta tarde un comunicado conjunto en el que rechazan esos contactos previos.

POCAS NOVEDADES

El texto íntegro del pacto de competitividad, que fue facilitado esta tarde por el Ministerio de Economía, ofrece muy pocas novedades en relación a lo avanzado por Carlos Solchaga en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros.

En materia de empleo, el documento califica de "altamente aconsejable" que la percepción del subidio de desempleo se ligue "irrevocablemente" a la participación en algún curso formación profesional y "que se limiten las amplias posibilidades hoy existentes de renuncia a ofertas de trabajo".

Además, el Gobierno confirma que, en la reforma de las modalidades de contratación, tomará como base el informe que elaboró para el Ministerio de Trabajo una Comisión de Expertos ya que, a su juicio, permite "acotar con nitidez" las medidas a adoptar.

Esos expertos abogaban por la reducción de la duració máxima de los empleos temporales de tres a dos años y la supresión de tres de las modalidades contractuales en vigor: el contrato temporal de lanzamiento de nueva actividad, el contrato indefinido para trabajadores mayores de 45 años y el de minusválidos.

En cuanto a la lucha contra la inflación, la Administración planea controlar los precios del sector servicios, el más inflacionista de la economía española, tomando medidas como la reducción de los costes de los libros de texto.

También intentaá lograr la "corresponsabilización" de ayuntamientos y comunidades autónomas para que disminuyan los precios del transporte público urbano e interurbano. Además, se dotará al Tribunal de Defensa de la Competencia para evitar colusiones de precios.

Los restantes aspectos del pacto, ya hechos públicos, incluyen un acuerdo de rentas que entre 1992 y 1994 haga converger la inflación española con la de los países centrales del Sistema Monetario Europeo (SME).

La ganancia de poder adquisitivo de los trbajadores quedaría garantizada con la aplicación de una cláusula de revisión universal y los beneficios repartidos no podrían crecer por encima de los salarios nominales, dedicando el resto a reservas e inversión.

ADVERTENCIA A NAVEGANTES

Unas horas antes de que el pacto fuese entregado en el Registro del Congreso, el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, advertía que, si no hay acuerdo con los interlocutores sociales, los Presupuestos del Estado para 1992 tendrán que ser más restrictivos e sus gastos, en sus ingresos o en ambos aspectos.

Pérez formuló esta advertencia durante su intervención en un seminario sobre "Una política económica para los noventa", organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

El secretario de Estado señaló que, si el Ejecutivo no encuentra apoyo en los interlocutores sociales para adaptar la economía española a la CE, recurrirá a las políticas tradicionales de control de la demanda mediante la restricción presupuestaria.

Esta alternativa recalcó, es más costosa para todos, porque supone un menor crecimiento económico, menos empleo y, casi con seguridad, aumentos de salario inferiores a los que garantiza la claúsula universal de revisión incluida en el pacto de competitividad que propone el Gobierno.

Insistió en que el pacto exige tanto una moderación tanto para los trabajadores como para los empresarios, al establecer que los beneficios repartidos no podrán crecer por encima de los salarios nominales.

Asimismo, puso como ejemplodel espejismo en que caen los sindicatos al concentrar sus esfuerzos en el crecimiento de los salarios nominales el que entre 1960 y 1990 "se multiplicaron por 55, mientras que la ganancia real de poder adquisitivo apenas se duplicó".

TOCINO: LA IDEA ES NUESTRA

En un coloquio posterior con los periodistas, la diputada del Partido Popular Isabel Tocino, que asistió a la conferencia de Pedro Pérez, afirmó que la idea del pacto de competitividad pertenece al presidente de su partido, José María Aznar. Tocino señaló que el PP no está por sistema en contra del pacto, si incluye medidas de reforma fiscal, de la Seguridad Social y de los servicios y la empresa pública. "Estamos en la dinámica de sanear lo público para luego privatizarlo", indicó.

La diputada bromeó sobre la coincidencia de las iniciales del pacto social de progreso (denominación que el Gobierno prefiere a la de pacto de competitividad) con la propuesta sindical prioritaria y se preguntó si esa era toda la estrategia de la Administrción para buscar un acercamiento con los interlocutores sociales.