Por comunidades autónomas, este colectivo era especialmente numeroso en Madrid (12.452), Andalucía (11.349), Cataluña (7.095) y la Comunidad Valenciana (9.526).

El resto correspondieron a Aragón (1.601), Asturias (1.809), Baleares (373), Canarias (3.165), Cantabria (1.573), Castilla-La Mancha (2.481), Castilla y León (5.247), Extremadura (3.047), Galicia (4.869), Murcia (2.878), Navarra (644), País Vasco (3.237), La Rioja (374), euta (134) y Melilla (94).

La posibilidad de excluir de los beneficios de estar apuntado en el Inem, llegando hasta el punto de suspender temporal o definitivamente el derecho a la prestación o el subsidio de desempleo, es algo que está legislado desde 1988, cuando entró en vigor la Ley de Infracciones en el Orden Social.

De acuerdo con esta ley, es una infracción grave castigada con la pérdida de la prestación de desempleo durante seis meses negarse a participar en acciones de formación o reconvrsión profesional, salvo que haya causa justificada.

Además, según esta norma, reicindir en esa negativa, así como rechazar ofertas de empleo adecuada es motivo de retirada definitiva de la prestación de desempleo. Es igualmente sancionable el realizar trabajos y cobrar al mismo tiempo la prestación como parado.