Para evitar que se repita la "desvergüenza" de Juan Guerra ----------------------------------------------------------
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El Partido Popular propuso hoy la inclusión de un nuevo artículo en el Código Penl que castigue con pena de prisión mayor -de seis a doce años de cárcel- al funcionario que permita el uso de dependencias oficiales por un particular y para fines distintos a los atribuidos por la ley.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Luis Ramallo, presentó en rueda de prensa esta iniciativa, que será tramitada en la Cámara a través de una proposición de ley orgánica.
Ramallo manifestó que esta propuesta pretende suplir la "laguna legal" que ha puesto de manifiesto el reciene auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el "caso Juan Guerra".
Este tribunal consideró que no tiene relevancia penal la conducta de los responsables políticos que permitieron al hermano del vicesecretario general del PSOE usar un despacho de la Delegación del Gobierno en esta comunidad.
"Si hubiera estado tipificada nuestra propuesta", afirmó Ramallo, "no habría sido posible la desvergüenza cometida por Juan Guerra y el ex vicepresidente del Gobierno no se estaría cachondeandoahora de todos los ciudadanos".
La proposición de ley de los "populares" considera necesario hacer frente a una conducta como la de Juan Guerra, porque "el legislador no puede permitir que actividades intrínsecamente inmorales y defraudadores al conjunto de la sociedad, que satisface el coste de los inmuebles mediante los impuestos, queden absolutamente impunes y dentro de la legalidad".
Según Ramallo, el nuevo precepto legal que propone su partido debe aprobarse con la mayor urgencia posible, si esperar a que se apruebe el nuevo Código Penal, que está en fase de estudio y que podría no entrar en vigor esta legislatura, a juicio del PP.
El portavoz popular afirmó que el Gobierno carece de legitimidad para reclamar a la sociedad un esfuerzo de convergencia y, en cambio, no ofrecer a los ciudadanos transparencia en la gestión pública.
A LOS TRIBUNALES
Subrayó que el uso del despacho por Juan Guerra es un caso de corrupción política "éticamente impresentable" que no se da en ningún país dmocrático.
Ramallo recordó que han transcurrido ya varias semanas desde que el presidente del Gobierno, Felipe González, anunció medidas legislativas para combatir la corrupción pública. "Todavía no hemos recibido ninguna propuesta", señaló el diputado popular.
Añadió que su partido ha tomado la palabra al jefe del Ejecutivo cuando pidió que se acuda a la Justicia si se tiene constancia de la existencia de corrupción. "Nosotros también queremos que se vaya a los tribunales", indicó.
Ramallo ue preguntado sobre el estado del "caso Naseiro", al cumplirse hoy dos años de la orden de detención dictada por el juez Luis Manglano contra el ex tesorero del PP Rosendo Naseiro y el concejal de este partido en el Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop, por un presunto delito de incitación al cohecho.
El portavoz parlamentario del PP comentó que "llevamos 730 días esperando y sería necesario que esto hubiera terminado antes". "Parece que es una triquiñuela más del PSOE, según la cual hay unos juece que actúan más rápidos que otros", afirmó Ramallo en alusión al "caso Juan Guerra".
(SERVIMEDIA)
09 Abr 1992
JRN