Juan López de Uralde, portavoz de Greenpeace, señaló que transcurridos tres años desde la etrada en vigor de la Ley Básica de Residuos Tóxicos, "las empresas siguen actuando de una manera totalmente irresponsable".

A su juicio, la situación de los ríos es caótica, como consecuencia de los vertidos indiscriminados procedentes de las industrias.

Por ello, López de Uralde considera necesario promulgar una legislación específica sobre papeleras que impida el uso del cloro y sus derivados en el proceso de blanqueo de papel y garantice la depuración total de la materia orgánica.

Greenpece se ha personado como acusación popular en la querella por delito ecológico interpuesta contra la papelera La Montañanesa, de Zaragoza, por la supuesta contaminación que ha provocado con sus vertidos.

El pasado 20 de marzo, miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) obervaron que el agua de una acequia de suministro en Pina de Ebro (Zaragoza) estaba contaminada, por lo que cursaron una denuncia contra esa empresa.

Según los conservacionistas, "la eficaciay operatividad del Seprona contrasta con la inoperancia de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), incapaz de realizar su cometido como policía de aguas".

Un estudio realizado para la Secretaría de Estado de Economía mantiene que las fábricas de papel y celulosa españolas tendrán que invertir 80.000 millones de pesetas durante la presente década para adapatarse a la normativa medioambiental de la CE.

Sin embargo, Greenpeace insiste en que las administraciones españolas actúan con desidia y o ejercen ningún tipo de control sobre los vertidos tóxicos que realizan esas industrias.