"Montar un nuevo negocio en España parece ser un proceso más espinoso que en otros países europeos", señala el informe, ya que "todas las nuevas empresas deben acometer aproximadamente 13 ó 14 trámites generales antes de comenzar a funcionar, y algunos adicionales aplicables en sectores específicos".

l asunto se complica todavía más cuando al proyecto empresarial se le quiere dar la forma jurídica de sociedad anónima, algo que sólo ocurre en el 12 por ciento de las compañías españolas, ya que entonces se requieren otros cinco trámites más.

"En promedio", señalan los expertos de la OCDE, "cada trámite requiere cinco bloques distintos de documentación, e implica a un mínimo de seis organismos diferentes, con lo que el tiempo total necesario para cumplir todas las exigencias legales oscilan entre 1928 semanas. En contraste, lleva alrededor de medio día establecer una nueva empresa en Estados Unidos".

Este problema ha sido reconocido por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, quien el pasado 5 de mayo declaró que una de las asignaturas pendientes del Gobierno es recortar los trámites administrativos "a los que se enfrenta una persona que pretende crear una empresa".

Arenas señaló que el Gobierno está ultimando un estudio para eliminar esa burocracia administrativa, pero avirtió que "lo importante sería que en los próximos meses se llegase a un acuerdo entre las distintas administraciones para agilizar esos trámites", puesto que ésta es una responsabilidad que también recae en las instituciones autonómicas y locales.

El ministro opinó que es preciso dar "una presunción de confianza en favor del creador de empleo a la hora de organizar una actividad productiva, porque es una de las recomendaciones expresas que se nos demandó en la Cumbre del Empleo de Luxemburgo", celebada el pasado mes de noviembre.

Por otra parte, el informe de la OCDE recalca que "cerrar un negocio también es un asunto complicado y caro en España, especialmente por las regulaciones laborales. Esto hace difícil reducir la fuerza laboral por razones económicas, a pesar de los intentos legislativos recientes en este terreno".

"Además", señala, "sólo una cuarta parte de los negocios que van a la quiebra están sujetos a responsabilidad limitada, de manera que el coste que asume el propietario de n negocio fracasado puede ser muy alto y eso probablemente desanima a la gente a la hora de correr riesgos".

El informe aborda otra serie de problemas que dificultan el surgimiento de nuevas empresas y señala que "tan recientemente como a finales de 1997, un 43 por ciento de las firmas españolas sondeadas por la Encuesta Europea de Negocios citaban el coste de la financiación como una de las primeras resticciones a corto plazo para su expansión, mientras que un 32 por cien la señalaban como una restrición a largo plazo".

A este respecto, los expertos de la OCDE indican que el problema puede no radicar ya en el nivel de los tipos de interés, sino "quizá más importante, el racionamiento de créditos por bancos que han centrado tradicionalmente sus actividades en las empresas más grandes y mejor establecidas".

Por esa razón, señala, "entre las empresas españolas pequeñas y medianas, sólo un 47 por ciento de las encuestadas opinan que tienen suficiente acceso a financiación para poder llevar adelate sus planes durante los próximos tres años, frente a un promedio del 55 por ciento a nivel europeo".