En total, 418 contratos de reparación, conservación y mantenimiento con un volumen total de obra de "no menos" de 9.700 millones de pesetas, según dijo en rueda de prensa el diputado Ignacio Gil Lázaro. Añadió que una sóla empresa adjudicaaria, de la que no dió nombre, logró 1.700 millones, el 10% de todo ese presupuesto.

Además, llamó la atención sobre el hecho de que la mayoría de esos más de 400 contratos fueron adjudicados `a dedo` y sólo cuando comienzan a detectarse irregularidades de gestión en la Guardia Civil, entre finales de 1992 y principios del 93, Instituciones Penitenciarias, dirigida entonces por Antoni Asunción, adjudica 16 contratos por el método de concurso.

Gil Lázaro sólo mencionó el nombre de la empresa CAE a final de la rueda de prensa y para pedir al ministro Belloch que aclare si es cierto que la empresa para la que trabajó el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, es una de las beneficiarias, en concreto por obras en cárceles de Tenerife y Santa Cruz de La Palma.

El parlamentario popular explicó que pide esas aclaraciones después de que el ministro Belloch le sorprendiera durante el debate de la interpelación que ha dado lugar a esta moción, cuando, sin haberle pedido detalles de centros en cocreto, sino sólo si CAE ha sido beneficiaria, Juan Alberto Belloch afirmó que los centros de Picassent en Valencia y otros tuvieron relación con CAE antes de que Francisco Palomino estuviera en la empresa.

En la moción presentada hoy, el PP pide también que se proceda a la disolución de la sociedad estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que sirve en la actualidad para "intermediar", dijo Gil Lázaro, en las operaciones inmobiliarias derivadas del cambio de cárceles y para gestionar lo contratos de mantenimiento objeto de la polémica.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Los populares quieren también que se adopten medidas disciplinarias contra los directivos de los centros Sevilla 2 y Valencia Cumplimiento, y de los responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, "en virtud de las manifiestas irregularidades constatadas en las concesiones de los servicios de economato de los referidos centros", dice la moción.

El PP propone que se investigue la adjudicación de la ifraestructura informática del programa "SURI" y que se dé cuenta al Parlamento, en el plazo de un mes, de esa investigación. Además, quiere que, antes de quince días, se remita al Congreso un informe sobre el procedimiento seguido para "adjudicación y financiación" de la infraestructura informática de la red periférica de centros y de los servicios centrales de la Administración Penitenciaria.

Gil Lázaro habló de la existencia de relaciones con una empresa informática, de la que tampoco dió nombre, y ue habría logrado gran parte de esos contratos.