De esta forma, Aguiló desmintió varias informaciones periodísticas publicadas hoy, según las cuales CAE se benefició el 25 de octubre de 1990 de una adjudicación ilegal del Ayuntamiento de Palma para el mantenimiento y conservación de los semáforos de la ciudad.

El servicio fue concedido a una unión temporal de empresas constituida por Control Tráfico, S.A. (CTF) y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), desestimandose al parecer la oferta más ventajsa presentada por Electrotecnia España Roig, S.A., adjudicataria hasta entonces.

Sin embargo, la adjudicación fue declarada ilegal en una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dos años después, en 1992, tras el recurso presentado por Electrotecnia,

Aguiló aseguró a esta agencia que él no conocía a Palomino ni sabía que "estaba detrás de la oferta que aprobamos". Explicó que no recurrió la sentencia del TSJ porque "en 1992 nosotros (el PSOE) ya no estábamos en el gobieno municipal sino el PP que, como es evidente, la asumió".

Agregó que "de haber sido un concurso sí hubiéramos incurrido en una ilegalidad pero al tratarse de una subasta el pleno (entonces con mayoría socialista en coalición con la UCD) municipal actuó como entendió mejor".

El día 8 de enero de 1992 y tras la sentencia del TSJ de Baleares, el gobierno municipal del PP dió cumplimiento a la misma devolviendo la adjudicación a Electrotecnia y apartando del servicio a las empresas que integraban elGrupo de Control y Aplicaciones, CAE, de Francisco Palomino.