Las ayudas desbloqueadas corresponden a programas de formación profesional establecidas por el Gobierno de Jordi Pujol durante el periodo 1997-1999, etapa que se vió salpicada por la aparición del conocido como "caso Pallerols", que ahora investiga la justicia española.

La Comisión Europea, tras conocer esta supuesta irregularidad, decidió retener el montante total de las ayudas a Cataluña -en torno a los 10.000 millones de pesetas- pero, a la vistade su correcta utilización, ha decidido ahora liberar 9.300 millones y mantener en suspenso las ayudas directamente relacionadas con el "caso Pallerols", que son en torno a 500 millones de pesetas, según las fuentes de la Generalitat consultadas.

Según las autoridades comunitarias, las ayudas recibieron un uso correcto. La mayoría se destinaron a entidades públicas y privadas, tales como municipios, organizaciones sindicales y profesionales, entidades sin ánimo de lucro, mientras que una pequeña parte(en torno al 5%) se destinó a empresas y se gestionó correctamente.

No obstante, las autoridades comunitarias advierten a la Generalitat de que no debería haber puesto en marcha los programas de formación antes de haber sido autorizados por Bruselas.

Además, la Comisión Europea pide a la justicia española que agilice la resolución del "caso Pallerols", actualmente en tramitación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y pone como fecha máxima el próximo año.