Dicho visado será un adhesivo que figurará en los pasaportes y está siendo fabricado por una empresa suiza de alta tecnología, para evitar que sea falsificable, según explicó hoy Javier Elorza, secretario general para las Comunidades Europeas.

En la reunión, que se celebra bajo presidencia española, se adoptarán otras medidas para impulsar la entrda en vigor del convenio, que estaba prevista para el 1 de enero de 1993, aunque se retrasará al menos hasta el mes de junio, debido a diferentes dificultades.

Una de ellas es el retraso hasta esa fecha de la puesta en marcha del Sistema Informático Schengen (SIS), una central de datos instalada en Estrasburgo (Francia) conectada a los sistemas informáticos de los países miembros, de la que podrán obtener información sobre terroristas, armas y delincuentes, por ejemplo.

Según informó Elorza, el SS está en fase de construcción en la actualidad y su coste asciende a 25.000 millones de francos franceses. En España, el SIS nacional, que estará conectado con terminales en consulados y aeropuertos, supone un desembolso de 6.000 millones de pesetas.

Los ministros y secretarios de Estado de los países "Schengen" también firmarán mañana una declaración sobre el control de fronteras exteriores, que será revisado por una comisión que inspeccionará una serie de aduanas, así como otra declaración sobre elrefuerzo de controles de fronteras exteriores en materia de estupefacientes.

En otra reunión que tendrá lugar el 15 de diciembre próximo, los países "Schengen" también abordarán otros aspectos relacionados con las drogas, como la autorización a las personas medicadas con drogas a trasladarlas a otros países miembros por un período determinado, o las entregas vigiladas.

Otros temas que serán estudiados mañana en la reunión serán el reglamento del Comité Ejecutivo del grupo, una declaración sobre fncionarios de enlace o la remisión de una circular a los consulados de los Estados "Schengen" para que vayan preparándose para poder aplicar el acuerdo cuando entre en vigor.

Asimismo, los ministros aprobarán una declaración de infracciones de tráfico, para retirar el permiso de circulación en los países miembros a los infractores.