Los estados que forman parte de la Comisión Ospar, entre ellos España, debatirán una propuesta que establece la prohibición permanente para hundir plataformas petrolíferas, pero incluye una serie de excepciones.

Remi Parmentier, miembro de la delegacin de Greenpeace que participará en la reunión de la Comisión Ospar, que se celebrára entre los días 20 y 24 de este mes, declaró hoy en Madrid en rueda de prensa que las excepciones que contempla el texto que debatirán los ministros de Medio Ambiente son tan amplias que resultan inasumibles para esta organización ecologista.

Parmentier dijo que si no introducen excepciones más severas, la industria del petróleo podrá hundir más de un centenar de plataformas en los próximos años.

Por el contrario,Greenpeace cree que no hay impedimentos de carácter tecnológico que impida el traslado de estas plataformas a tierra para reciclar sus componente o reutilizarlas para otros usos. Los ecologistas sólo admitirían excepciones para 22 instalaciones de hormigón y 7 de acero, que presentan más problemas técnicos para su traslado.

Greenpeace, que hace años inició su campaña internacional contra el hundimiento de plataformas petrolíferas y que logró evitar el vertido de la primera que finalizó su vida útil, popiedad de la Brent Spar, se muestra convencida de que si los países ribereños no aprueban una prohibición drástica, la industria del petróleo utilizara el océano "como vertedero de sus instalaciones".

La reunión de la Comisión Ospar también analizará sendos textos que contemplan la prohibición de vertidos residuos radiactivos y tóxicos al mar.

Según Greenpeace, las tres instalaciones dedicadas al reprocesamiento de residuos radiactivos que existen en Europa, una en Francia y dos en el Reino Unid, provocan problemas de contaminación más graves que los que ocasionaría un hipotético accidente nuclear.

Remi Parmentier indicó que estas tres plantas son responsables de más del 90 por ciento de todos los residuos radiactivos que se vierten al mar.

Respecto a los residuos tóxicos bioacumulativos, entre ellos los compuestos clorados, los ministros analizarán una propuesta para eliminar estas prácticas antes del 2020, si bien Greenpeace denunció presiones de las industrias químicas europeas para ilatar este plazo.