Camacho dijo a Servimedia que también el Gobierno y los grupos parlamentarios deben tener esa facultad. Añadió que el peligro de que eso suponga una politización indebida del proceso de ilegalizaión queda conjurado desde el momento en que es el Tribunal Supremo el órgano que tiene la última palabra.

En un principio, el PP y el PSOE pactaron que la ilegalización de un partido pudiera ser reclamada por el Gobierno, por los grupos parlamentarios o por el fiscal general. Sin embargo, el Partido Socialista pretende ahora que sólo el último tenga esta facultad, para evitar la politización de este tipo de procedimientos.

A su juicio, en el momento en que interviene un órgano judicial, se obtienn todas las garantías de que no se está vulnerando la ley para conseguir un objetivo político.

"No debemos olvidar que, tras la propuesta inicial, debe haber una resolución judicial. Esta es la que determina si concurren o no las causas; y ésta no puede tener ningún tipo de politización".