En una nota hecha pública hoy, la UPF rechaza de forma "absoluta y tajante" las coacciones a sus compañeros, como por ejemplo las amenazas a la fiscalde Bilbao Carmen Bujanda, quien se ha visto obligada a solicitar el traslado fuera de Euskadi, tras ser amenazada en reiteradas ocasiones.

A juicio de la UPF, las coacciones suponen "un ataque a la Justicia como valor fundamental de la sociedad democrática y como garantía de todos los ciudadanos".

Finalmente, hacen un llamamiento a las fuerzas políticas para que "den pasos positivos" a favor de la distensión en la búsqueda de la paz para el País Vasco.