Hoy empezarán a ver el texto de la ponencia que ha redactado el magistrado Guillermo Jiménez, catedrático de Derecho Mercantil elegido miembro del TC el 16 de diciembre de 1998 por el Senado, a propuesta de PP y PSOE.

Fuentes del Alto Tribunal han asegurado a Servimedia que los magistrados del TC se inclinan por admtir a trámite sólo la última impugnación, es decir, la dirigida contra la decisión de la Mesa del Parlamento vasco.

No obstante, esa admisión conllevaría igualmente la suspensión del debate parlamentario por un período de cinco meses, prorrogables, hasta que el TC decida finalmente sobre el fondo del asunto; una decisión que el pleno quiere en diciembre, para evitar así interferencias en la precampaña de las elecciones generales de marzo.

El TC es consciente de la necesidad de evitar una imagen d división en autos con muchos votos particulares. Aunque hasta hoy no se reúnen formalmente los doce juristas presididos por Manuel Jiménez de Parga, las fuentes consultadas aseguraron que, en contactos informales, sí ha quedado patente que no todos aceptan la más polémica de las dos impugnaciones: la dirigida contra el acuerdo del Ejecutivo de Ibarretxe.

Sin entrar a juzgar el fondo del citado plan, aproximadamente la mitad del pleno, entre ellos su presidente, Manuel Jiménez de Parga, y el propio poente, es proclive a admitir los argumentos que ofrece en su escrito el abogado del Estado. De aprobarse por mayoría (incluso con el voto de calidad del presidente) la impugnación, habría seis votos particulares y eso evidenciaría una gran división en la última instancia jurídica del Estado, admitieron las mismas fuentes.

Los partidarios de rechazar la impugnación contra el plan piden tener en cuenta ese factor y recuerdan que la doctrina del Alto Tribunal es actuar sobre normativa jurídica firme. Admiir ahora esa impugnación, opinan, sería volver por la vía de los hechos al recurso previo de inconstitucionalidad, eliminado precisamente para evitar una fiscalización a priori de la competencia legislativa.

Incluso, añaden, estaríamos asistiendo a la instauración de una nueva figura, similar a un recurso "preliminar", puesto que Ibarretxe no ha remitido al Parlamento vasco más que mimbres para un debate y eso no tiene efecto jurídico alguno.

Sin embargo, el Ejecutivo de José María Aznar, que quire cortar el debate antes de que lo hagan las Cortes, con el consiguiente peligro de "choque de trenes" parlamentario, no va a quedar desairado.

Los doce magistrados creen haber encontrado razones en los argumentos del abogado del Estado contra el acuerdo de la Mesa del parlamento de 4 de noviembre. Entre otros, que se ha vulnerado el procedimiento de reforma del Estatuto de Gernika previsto en su artículo 27.1 y, por elevación, en los artículos 147 y 152 de la Carta Magna.

Además, la Dirección d Asuntos Jurídicos del Estado acusa al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, de no emitir con carácter previo una resolución apoyada por Junta de Portavoces y Mesa para subsanar una posible laguna de procedimiento, vulnerando así los artículos 23.1 y 24.2 del Reglamento de la Cámara de Vitoria.