APROSER, asociación que representa al 90% del sector de la seguridad privada, salió así al paso de la polémica en torno a la decisión del departamento de Interior del Gobierno vasco de destinar 1.800 millones de pesetas a la protección privada de los objetivos de la banda terrorista.

José Luis Novales, miembro de la Junta Directiva de APROSER, declaró hoy a Servimdia que las empresas privadas de seguridad están autorizadas para la realización de labores de escolta con una autorización específica, según recoge la Ley 28/92 de Seguridad Privada.

Desde entonces, en el País Vasco y en otros lugares de España estas empresas realizan tareas de protección a diferentes personalidades, según Novales, con la garantía de tener la formación del personal de escolta regulada en la citada ley.

Novales añadió que esta preparación la impuso el Ministerio del Interior y qu, por lo tanto, los guardas jurados están "en igual disposición para escoltar" que el resto de los policías.

Sin embargo, reconoció que se trata de un servicio "con más índice de riesgo" que cualquier otro y que la eficacia depende de la "organización del servicio y los aportes de recursos que se hagan en cada caso".

El PP y otros sectores del mundo industrial y bancario del País Vasco, según APROSER, llevan contratando estos servicios de escolta desde hace años.