Según explicó Rubalcaba a la Ser, en ningún momento de la reunión que ayer celebraron ambas partes salió a relucir esa posibilidad, ni la de aplicar medidas excepcionales para atajar la situación creada por los recursos del Gobierno vasco y del Parlamento de Vitoria contra el juez Baltasar Garzón.

En virtud de ese artículo, "si una comuidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Para ello, según el mismoprecepto, el Gobierno central "podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".

Pérez Rubalcaba aseguró que en el encuentro con el Ejecutivo "sólo se comentó al final" lo que ya se ha dicho públicamente, que la querella del Gobierno vasco no está fundamentada y que, en el caso de la actitud del Parlamento de Vitoria, hay otros mecanismos ya establecidos para expresar su discrepancia con una resolución judicial.