La moción ha sido enviada junto con una carta firmada por el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Jan Fernando López Aguilar; el de Política Municipal, Alvaro Cuesta; y el secretario general de los socialistas alaveses y responsable federal de Relaciones Institucionales, Javier Rojo.

En esta carta explican la motivación de esta iniciativa y recalcan que la respuesta al "Plan Ibarretxe" ha de ser conjunta, de todos los partidos integrados en el Pacto Constitucional, pero no "bipartidista".

"El PSOE quiere significar al máximo su autonomía política, con independencia de que en nuestras iniciativs busquemos el consenso y el máximo apoyo político", precisan.

En la moción, los socialistas expresan su rechazo al plan porque "conduciría a la irreparable quiebra de la convivencia en la sociedad vasca", ya que sería impuesto a una gran parte de sus ciudadanos.

Exigen por ello al lehendakari que retire su iniciativa, y abogan por una recuperación del diálogo institucional entre el Gobierno central y el vasco para seguir desarrollando el Estatuto de autonomía.

Ese diálogo, precisan, "deberábasarse en la lealtad constitucional y en la renuncia a planteamientos unilaterales de ruptura política e institucional".

"CONCEPTO ETNICISTA DEL PUEBLO VASCO"

En la exposición de motivos, los socialistas reiteran que el "Plan Ibarretxe" promueve una ruptura "radical" con el modelo autonómico aprobado con la Constitución de 1978, basada además en un "concepto etnicista del pueblo vasco que no podemos compartir".

Denuncian además que este proyecto "se impone" a la sociedad vasca cuando una partemuy importante de ella está sometida a una persecución que le impide desarrollar en libertad y en igualdad de condiciones sus legítimas posiciones.

Los socialistas recuerdan al PNV que los derechos históricos de Euskadi a los que apela para defender esta iniciativa lo son porque están reconocidos en la Constitución.

Insisten también en que el País Vasco no ha sido nunca independiente y nunca fue tampoco sujeto de anexión alguna provocada por la fuerza. Es por ello "una grave irresponsabilidad insnuar o promover una desanexión de carácter unilateral con base en supuestos derechos históricos falsos y, por extensión, indemostrables".

En esta misma línea argumental, recuerdan que el Gobierno vasco toma todas sus decisiones con absoluta libertad "salvo cuando interfiere la amenaza terrorista, su acción asesina, o cuando se dañan los bienes de las personas y de la comunidad".

Basan además su oposición a este plan en la convicción de que la inmensa mayoría de los vascos quiere seguir desarrollado su autogobierno en el marco jurídico en el que lo ha hecho desde el comienzo de la democracia, y de que su mayor deseo es el fin del terrorismo.