Los grupos popular y socialista, proponentes de esta iniciativa, hicieron suyas algunas de las propuestas del resto de los partidos, a través de enmiendas transaccionales que afectan a las condiciones para retirar la financiación pública a partidos políticos, a la autoridad a quien le corresponde esta decisión, a los supuestos en los que una persona no puede presentarse a las elecciones y a la disolución de ayuntamientos.

El diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro explicó que las mdificaciones propuestas hoy "aclaran" las conductas que pueden dar lugar a la pérdida de financiación pública por parte de una formación política, en los casos en los que no existe la gravedad y reiteración necesaria para ilegalizar un partido.

En este sentido, se retirarían las subvenciones a las formaciones que mantengan a personas condenadas por delitos de rebelión, terrorismo o contra las instituciones del Estado, pero en este último caso se limitaría a las infracciones graves. Esta sanción no se plicaría si estas personas rechazan públicamente los actos cometidos.

La decisión de eliminar las subvenciones públicas debe ser adoptada por el ministro del Interior o un alto cargo de ese ministerio, y admite que se plantee contra ella un recurso contencioso administrativo que se vería en la Audiencia Nacional.

Asimismo, tal y como explicó el parlamentario del PSOE Alvaro Cuesta, estas enmiendas condicionan la imposibilidad de una persona condenada a presentarse a las elecciones a que la sentenia incluya la inhabilitación para integrarse en listas electorales, aunque aún no sea firme.

También permiten que, en los supuestos en los que un concejal renuncie a su cargo, el partido correspondiente pueda nombrar a un ciudadano que cumpla los requisitos para presentarse a unas elecciones, con el fin de que las coacciones del entorno terrorista no "dejen sin voz" a un sector de la sociedad.

En cuanto a las disolución de ayuntamientos que tomen decisiones "gravemente dañosas" para el interés geeral del Estado, se eliminan "conceptos jurídicos indeterminados" que habían sido criticados por otros grupos por considerar que abrían la puerta a la discrecionalidad.

Por otro lado, las enmiendas de PP y PSOE delimitan la administración competente para gestionar la protección de concejales por parte de policías locales o autonómicos fuera de su ámbito territorial.

PROYECCION DE LA LEY DE PARTIDOS

Los partidos que habían presentado enmiendas retiraron algunas de ellas por considerar que, en maor o menor medida, quedaban incorporadas en las reformas planteadas por los firmantes del Pacto Antiterrorista, si bien mantuvieron otras por estimar que aún se mantienen rasgos que hacen de esta norma una "proyección de la Ley de Partidos".

Esta es la opinión que mantuvieron los representantes de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster; del PNV, Josu Erkoreka; y de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, quienes se opusieron a crear una categoría intermedia de partidos que no son ilegales, pero que tampoco peden beneficiarse de las subvenciones que se otorgan al resto de las formaciones políticas legales.

PNV y EA tampoco están conformes con la regulación de la posibilidad de disolver ayuntamientos, por un problema competencial, pues la decisión es del Gobierno central, cuando estos partidos consideran, al igual que CiU, que debería corresponder al Ejecutivo autonómico.

LIBERTAD IDEOLOGICA

En su intervención, Erkoreka advirtió de que, con la obligación de que las personas sobre las que pesa una codena rechacen los fines y acciones cometidas para que no se retiren las subvenciones a su partido, "entran en juego contenidos ideológicos", pues detrás de los delitos a los que se refiere figuran objetivos legítimos, y lo ilegal son los medios con los que "se pretenden imponer".

Por su parte, Lasagabáster subrayó que EA apoya con un "sí rotundo" todos los contenidos de esta ley que redundan en un aumento de la seguridad de los concejales, y para ello propuso otras aportaciones, como incrementar los eectivos de la "Ertzaintza" y controlar los registros para limitar el acceso a los datos de personas amenazadas.

El portavoz de IU agradeció el esfuerzo de consenso de PP y PSOE, pero advirtió de que se mantienen en el texto "temas de fondo que afectan a la lectura garantista, rigurosa de la Constitución" que hace la coalición de izquierdas.

Coincidió con PNV y EA en lo relativo a la financiación, y añadió que las posibilidades de disolver un ayuntamiento deben quedar como están, aunque el procediiento haga difícil su aplicación. Alcaraz recordó que IU pidió que se aplicase en el caso de Marbella, algo que no fue aceptado.

COMPETENCIA AUTONOMICA

En nombre de CiU, Manel Silva se mostró satisfecho con algunas de las transaccionales propuestas, pero mantuvo sus reticencias en cuanto a que sea el Consejo de Ministros el que decida la disolución de un ayuntamiento, y no la comunidad autónoma.

Propuso también que en estos casos se convoquen elecciones antes de seis meses, algo a lo que el PSO se opuso porque, dijo Diego López Garrido, teniendo en cuenta que el consistorio se disuelve por acciones de apoyo al terrorismo podrían convertirse en un "perverso" referéndum sobre el apoyo o rechazo de los ciudadanos a las actuaciones de la banda armada.

López Garrido explicó, tras la defensa de las enmiendas por parte de estos grupos, que el texto no crea una tercera categoría entre partidos legales e ilegales, sino que ofrece una "gradación" de la sanción en función de la gravedad de la acción cmetida, en la que el castigo máximo es la ilegalización, y el más leve, la retirada de financiación pública.

Agregó que, en contra del criterio de PNV y EA, retirar la financiación pública a partidos que amparan el terrorismo "afecta también a la seguridad de los concejales", y es parte esencial de una norma que pretende combatir la acción criminal de la banda armada "en todas sus dimensiones", porque "todo está conectado, tiene un sentido de conjunto".

En la misma linea, el diputado del PP Juan arlos Vera recalcó que el texto no quebranta los principios de libertad ideológica, ni tampoco la competencia de las autonomías, y preguntó al portavoz de CiU desde cuándo las comunidades autónomas tienen "competencia exclusiva para velar por los intereses generales".